La formación política EQUO Cantabria denuncia la mala praxis por parte del Gobierno de Cantabria en la gestión del contrato de colaboración público-privada para la finalización de las obras de Valdecilla con su propuesta de adjudicación provisional a la empresa Ferrovial-Siec.

Desde EQUO Cantabria queremos manifestar primeramente que la paralización de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ahora en litigio, se remonta a enero de 2012 cuando el gobierno del Sr. Diego y su Consejera de Sanidad, Mª José Sáinz de Buruaga, suspendieron el contrato de la obra al no aceptar un modificado en él propuesto por la UTE “Valdecilla Fase III” (constructoras Ascán, OHL y FCC) que en su día la estaba ejecutando. Si esto no hubiera ocurrido, actualmente Valdecilla ya estaría terminado y financiado al 100% con dinero público. Desde que paralizaron las obras nuestros gobernantes han pretendido, y lo están consiguiendo, llevar a Valdecilla a un callejón sin salida, con una campaña planificada para tal fin y creando el escenario propicio para justificar su privatización.

En palabras de Raúl Reyes, coportavoz de la formación ecologista, “este contrato carece actualmente de sentido alguno, y más ahora cuando el Gobierno de España ha comprometido en los Presupuestos Generales del Estado del año 2014 y siguientes la partida económica necesaria (28 millones de euros cada año y durante cuatro años) para poder finalizar las obras sin coste alguno para la Comunidad Autónoma de Cantabria, dejando así con ello al actual gobierno del PP sin su principal argumento de falta de financiación para la finalización de las obras. “ Es más –recalca Reyes–, “terminar el hospital con el dinero que aporta el Estado posibilita que éste pueda seguir siendo gestionado al 100% desde el sector público y no a través de una empresa privada, que lógicamente velará por sus intereses económicos”.

La trascendencia y gravedad de las medidas adoptadas y la firma del contrato público-privada han generado gran inquietud en la ciudadanía cántabra, y más aún por la rapidez con la que desde el Gobierno de Cantabria se pretende adjudicar el contrato, fijando además en él un plazo de ejecución de las obras de 16 meses, dos menos de lo inicialmente previsto, curiosamente con la coincidencia de la terminación del edifico, deprisa y corriendo, justo antes de las próximas Elecciones Autonómicas de 2015.

Pero esta situación que ahora sufrimos no solo está ocurriendo en Cantabria, el gobierno del Sr. Rajoy está empeñado en recortar la sanidad por todos los medios y en convertirla en un gran negocio para los grandes grupos empresariales “amigos”. Los procesos de privartización que se están llevando a cabo en el Sanidad pública están realizados “a medida” de las grandes constructoras. Éstas fueron las causantes de la “burbuja inmobiliaria”, provocando la destrucción de millones de empleos en nuestro país y que casi nos lleva a la ruina; después crearon la “burbuja de infraestructuras”, que en connivencia con los gobiernos de turno crearon unas macro infraestructuras innecesarias –aeropuertos sin aviones, autopistas de peaje sin automóviles, trenes de alta velocidad sin pasajeros, ostentosos edificios oficiales ahora casi en ruinas, etc.–, actualmente quieren provocar otra burbuja para las arcas de los gobiernos centrales y autonómicos y los bolsillos de los ciudadanos: la “burbuja sanitaria”, que en Cantabria, con la adjudicación de este contrato de las obras de Valdecilla y la gestión de sus servicios, puede hipotecar económicamente nuestro futuro durante más de 20 años.

Como el “ladrillo” ya no es un negocio, han visto en la Sanidad el camino perfecto para ello. Ahora quieren “comerciar” con la salud de unos pacientes indefensos a este ultraje, quieren convertir a los ‘pacientes’ en ‘clientes’. La obligación de un gobierno, del color que sea, debe ser la de preocuparse por mejorar la sanidad pública, por hacerla universal y más eficiente, y no convertirla en moneda de cambio para el mejor postor, con las graves consecuencias para el paciente que esto implica.

Por todo ello desde la formación política EQUO Cantabria manifestamos que Valdecilla puede ser gestionado eficazmente dentro del sector público, y confiamos que el presente concurso impulsado por el Gobierno de Cantabria nunca se lleve a término. Según la coportavoz de la formación ecologista, Elisabeth Andrés, “la concesión del contrato de colaboración público-privada del Hospital Valdecilla es muy trascendente para una Comunidad como la nuestra, puesto que posibilita el camino para la privatización de toda la Sanidad cántabra. Detrás del contrato de colaboración público-privado que nos impone el Gobierno de Cantabria se esconde la clara voluntad de convertir Valdecilla en un negocio. Pretenden vender, si no lo impedimos, nuestro hospital a buen precio.”

Si finalmente se adjudica el contrato a la empresa Ferrovial-Siec, el Gobierno de Cantabria, es decir todas y todos nosotros, pues no olvidemos que este dinero saldrá de nuestros impuestos, asumiremos una deuda con dicha empresa de 918 MILLONES DE EUROS (IVA incluido) ¡durante los próximos 20 años! Un deuda que hipotecará el futuro de Cantabria y hará que nuestra SANIDAD dependa a partir de ahora de UNA ÚNICA EMPRESA, que lógicamente velará por su rentabilidad económica, y no por los pacientes cántabros que esta atienda, “porque una vez adjudicado, los compromisos económicos harían irreversible la vuelta de Valdecilla a una gestión 100% pública como hasta ahora”, ha concluido Andrés.

Los resultados sin duda serán desastrosos para las arcas públicas, negativos para los trabajadores y funestos para los pacientes que somos o seremos algún día. De igual modo se resentirán sus funciones docentes e investigadoras, que han dado tanto prestigio a Valdecilla.

“El personal sanitario tiene una clara vocación asistencial, y el Gobierno de Cantabria no puede convertir el dolor y la enfermedad de los cántabros en beneficios empresariales. Una sola empresa presentada a un concurso de tal calibre económico no puede ser nunca garante de seguridad y transparencia en un proceso de adjudicación, sobre todo de la manera tan opaca que se ha llevado a cabo, sin debate público de ningún tipo. De momento el presupuesto se ha visto incrementado un 32% desde el inicio del concurso, ¡y eso sin haber empezado todavía su ejecución!, por lo que nos tememos que su cuantía final será aún más elevada. La administración cántabra está obligada al mantenimiento del equilibrio económico-financiero de la Comunidad, y no a este despilfarro que no nos podemos permitir. Ellos hablan de inversiones, nosotras y nosotros debemos de hablar de personas, de ciudadanos, de enfermos”, concluye la coportavoz de EQUO Cantabria.

LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE

EQUO Cantabria
Miembro del Partido Verde Europeo